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HUELVA: Denuncian que los vigilantes del puerto de Isla trabajan «entre cucarachas y ratas»

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El sector de seguridad privada FESMC del sindicato UGT en Huelva ha denunciado las «condiciones de insalubridad que llevan soportando más de un año los vigilantes de la empresa de seguridad del puerto pesquero de Isla Cristina, y que actualmente continúa teniendo que realizar sus servicios entre bichos, cucarachas y ratas«. Así lo ha puesto de manifiesto en una nota de prensa, en la que explica que «desde UGT se denunciaron estos hechos el pasado día 6 de septiembre ante la Inspección de Trabajo, organismo que aún no se ha presentado en dichas instalaciones para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para el cumplimiento íntegro que recoge la ley de prevención de riesgos laborales». En este sentido, desde UGT subrayan que «el estado y las condiciones de trabajo son extremas en lo que corresponde y se refiere a las condiciones mínimas de higiene de la caseta, causa que está generando que aparezcan plagas de insectos y roedores» y «ni la empresa de seguridad y ni el cliente han tom

UGT solicita la intervención del defensor del pueblo ante situaciones que perjudican a las personas trabajadoras de la seguridad privada

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UGT ha mantenido reunión con el Defensor del Pueblo para trasladar situaciones que acontecen en el ámbito de la seguridad privada y afecta negativamente al empleo y condiciones laborales del colectivo de seguridad privada en el territorio nacional. El modelo de contratación pública en el conjunto del país y en especial en materia de seguridad privada, cada vez con mayor fuerza, pone en peligro el derecho fundamental al trabajo de las personas trabajadoras de la seguridad privada vinculadas a un contrato público. Bajos precios, nulo valor añadido y falta de control por parte de las administraciones públicas derivan en retrasos constantes en pago de nóminas, cierres de empresas de seguridad después de competir deslealmente con los consiguientes problemas de mantenimiento de empleo, son sin duda elementos que se deben modificar en una revisión de la Ley de Contratos del Sector Público así como solicitando de las administraciones la responsabilidad directa sobre las contrataciones que re